La quinta Marcha Federal Universitaria se llevará a cabo este jueves al Congreso de la Nación, con el objetivo de continuar con el reclamo de la aplicación “inmediata” de la Ley de Financiamiento, ratificada cinco veces en el parlamento.
En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA), aseguró que el Gobierno “acumula una deuda salarial del 32%” con los docentes, a pesar de que este miércoles haya sido sancionado económicamente por la Justicia por el incumplimiento sistemático de la normativa.
«El cargo testigo que tenemos, que es el de ayudante de primera con dedicación semiexclusiva, percibió en octubre un salario básico bruto de $561.659, cuando según la Ley de Financiamiento Universitario le corresponde haber cobrado $741.111. El nivel de asfixia salarial al que nos están sometiendo llegó a un límite insostenible. Nos deben un 32% de aumento salarial fijado por ley y la pérdida del poder adquisitivo destruye el ingreso de miles de docentes que todos los días sostienen las aulas y los laboratorios de la universidad pública», señaló Laura Carboni, secretaria general de AGD-UBA.
Quienes también se plegan a la Marcha Federal Universitaria serán distintas organizaciones políticas y gremiales, como las dos CTA (Trabajadores y Autónoma) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la CGT, La Cámpora y el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), entre otros.
«Nos movilizamos al Congreso por la educación, la soberanía y la democracia. Confluiremos en la Plaza del Congreso las distintas expresiones y sectores de nuestra sociedad que vienen siendo blanco de las políticas de ajuste y destrucción impulsadas por la gestión de Javier Milei», indicó la CTA-T.
En la misma línea, el secretario general de la CTA-A, Hugo Godoy, remarcó la importancia de la movilización porque es «fundamental para seguir dando la pelea por la derogación del DNU 70/23»: «Es un decreto que avanza sobre derechos conquistados por nuestro pueblo», agregó.
«Debilita la protección de los trabajadores y busca imponer un modelo de país que beneficia a los sectores concentrados de la economía mientras castiga a las mayorías populares. No podemos naturalizar que se gobierne por decreto, pasando por encima del debate democrático y de la responsabilidad del Congreso. Por el DNU 70/23 el país avanzó hacia la desregularización de la economía, flexibilización laboral y está dejando a millones de argentinos y argentinas expuestos a los intereses del mercador», sentenció.