El diputado bonaerense Andrés De Leo presentó un proyecto de ley para modificar el sistema de instalación y funcionamiento de radares y fotomultas en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa busca que los controles tengan una finalidad preventiva y cuenten con mayores requisitos técnicos y de transparencia.
El legislador bahiense, titular del bloque de la Coalición Cívica en la Cámara de Diputados, propuso modificar la Ley 13.927 y establecer condiciones precisas para la colocación de cinemómetros, tanto en zonas urbanas como rurales.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa establece que las infracciones labradas por radares que no cumplan con las exigencias previstas puedan ser anuladas. De Leo cuestionó que los controles puedan responder a criterios recaudatorios y sostuvo que deben estar orientados a mejorar la seguridad vial.
“Basta de radares tramposos. Los controles tienen que prevenir, no recaudar”, expresó el diputado al presentar la propuesta.
Radares homologados y controles cada seis meses
El proyecto plantea que los cinemómetros deberán contar con la correspondiente homologación y someterse a verificaciones metrológicas y técnicas con una periodicidad máxima de seis meses.
También propone crear y mantener actualizado un registro público de radares, que incluya su ubicación, número de serie, autorización de emplazamiento y certificaciones vigentes.
Otro de los requisitos está relacionado con la señalización. Los controles de velocidad deberían estar advertidos mediante cartelería visible y uniforme ubicada al menos 500 metros antes del punto de medición, además de indicar claramente el límite de velocidad vigente.
La iniciativa contempla también que las reducciones de velocidad se realicen de manera gradual cuando corresponda, para evitar cambios bruscos en los límites permitidos.
Un plazo de 90 días para adecuar los equipos
De Leo propone otorgar 90 días a la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial para adecuar los cinemómetros que ya se encuentran instalados a las nuevas exigencias.
El proyecto sostiene que los controles de velocidad son necesarios, pero que deben funcionar como herramientas de prevención y contar con reglas claras sobre su instalación, funcionamiento y fiscalización.
La propuesta se suma al proceso de ordenamiento de los sistemas de radares que también se desarrolla a nivel nacional. En mayo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial informó que había relevado más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales y detectado más de 150 radares no autorizados.
