El exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó este lunes ante la Justicia las explicaciones requeridas sobre la evolución de su patrimonio en el marco de la causa en la que se investiga un posible enriquecimiento ilícito.
La presentación fue realizada luego de que el fiscal federal Gerardo Pollicita reclamara una justificación patrimonial correspondiente al período comprendido entre diciembre de 2023 y junio de 2026.
Según el escrito al que accedió Infobae, la defensa de Adorni sostuvo que su evolución patrimonial “encuentra sustento razonable y verificable” en la documentación contable y técnica incorporada al expediente y en otra que será aportada posteriormente. También afirmó que no existe un enriquecimiento apreciable que carezca de explicación.
El requerimiento de la fiscalía había puesto el foco sobre una serie de diferencias entre los ingresos y gastos registrados durante el período investigado.
De acuerdo con el dictamen fiscal difundido previamente, Adorni y su esposa registraron ingresos por $229.752.283,20, mientras que los gastos en pesos analizados ascendieron a $272.820.832,20. Esa comparación dejó bajo análisis una diferencia de poco más de $43 millones.
La investigación también relevó erogaciones por US$402.578,12 vinculadas, entre otros conceptos, con operaciones inmobiliarias, refacciones, mobiliario, alquileres temporarios y viajes al exterior.
Uno de los puntos que había despertado la atención de la fiscalía fue la remodelación de una vivienda ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
El contratista que estuvo a cargo de las obras declaró ante la Justicia que los trabajos tuvieron un costo de US$245.000, abonados en efectivo. Ese desembolso forma parte de los movimientos que Pollicita pidió justificar.
La fiscalía también solicitó explicaciones sobre el origen de dólares declarados bajo el concepto “venta de activos”, préstamos familiares, operaciones con criptoactivos, la adquisición de un vehículo y otros movimientos bancarios y financieros.
Adorni había pedido anteriormente una prórroga para responder el requerimiento, con el argumento de que su defensa necesitaba acceder y analizar documentación incorporada a la causa.
Con el descargo ya presentado, ahora la documentación deberá ser evaluada por la fiscalía y por el juez federal Ariel Lijo. A partir de ese análisis se determinarán los próximos pasos del expediente y si las explicaciones resultan suficientes o corresponde avanzar con nuevas medidas procesales.